Ley de Fármacos II, estancada: la receta por DCI avanza en el Senado

Ley de Fármacos II: qué es el boletín 9914-11 y por qué sigue atascada

La Ley de Fármacos II es el proyecto que «Modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias» (boletín 9914-11). Según la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), ingresó al Senado en marzo de 2015 por moción de Manuel José Ossandón, Carolina Goic, Guido Girardi, Fulvio Rossi y Andrés Zaldívar; pasó a la Cámara en enero de 2018 y, tras el rechazo de las modificaciones de los diputados, llegó a Comisión Mixta en enero de 2020¹¹. Nació para completar la Ley 20.724 (Fármacos I), de febrero de 2014, que ya regulaba la receta y la intercambiabilidad¹¹.

Entre sus ideas centrales estaban recetar por Denominación Común Internacional (DCI), poner bioequivalentes y genéricos a disposición del paciente, limitar las marcas en los envases y fijar bandas de precios; los parlamentarios eliminaron en el camino el artículo que prohibía la integración vertical entre laboratorios y farmacias¹². La propuesta de la Comisión Mixta de 2022 reescribía el artículo 101 del Código Sanitario para que la receta individualizara el fármaco «exclusivamente por su denominación común internacional», con excepciones para medicamentos no intercambiables y para productos con tres o más principios activos¹¹.

El 2 de julio de 2025 la Comisión Mixta votó si reabría el debate: 5 votos en contra, 3 a favor y 1 abstención. Sin la unanimidad requerida, el texto quedó despachado a Sala sin respaldo político². El senador Juan Luis Castro (PS) lo resumió así:

El registro oficial del Senado muestra que el Ejecutivo renovó urgencias simples durante 2025 y hasta el 3 de marzo de 2026, retirándolas y volviéndolas a presentar una tras otra; el proyecto sigue en la etapa «Comisión Mixta por rechazo de modificaciones»¹.

Lobby, querellas y una investigación por cohecho

Lo que hundió el proyecto no fue solo técnico. En diciembre de 2024 El Mostrador informó que la Asociación de Farmacias Independientes (AFFI), representada por el exfiscal Carlos Gajardo, mantenía una querella por tráfico de influencias y posible cohecho contra la abogada Andrea Martones, que asesoró ad honorem a senadores en el proyecto hasta 2022; una factura de $16 millones emitida en junio de 2020 por su empresa a la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF) circuló en redes sociales en enero de 2022. La CIF dijo que el pago fue por el diseño de «La Ruta del Paciente» y que no tenía relación con el proyecto⁴.

En abril de 2025 Meganoticias reveló que la causa de la Fiscalía Oriente, con más de tres años de investigación, levantó el secreto bancario de una sociedad ligada a Martones y detectó depósitos por $343.007.620 de diez laboratorios y de la CIF entre marzo de 2020 y enero de 2022, período en que la asesora asistió a unas veinte sesiones de la Comisión Mixta. Los exsenadores Girardi y Quinteros dijeron que desconocían esos vínculos comerciales. El exdiputado Miguel Crispi declaró como testigo que «la tramitación de este proyecto de ley se encontraba viciada»³. En la votación de julio de 2025, según el Observatorio AFFI, la postura del diputado Sergio Gahona (UDI) fue que el texto era «sucio, corrupto y éticamente inviable»².

2026: el Gobierno empuja la receta por DCI por otra vía

El 15 de abril de 2026 la ministra de Salud, May Chomali, presentó ante la Comisión de Salud del Senado su agenda legislativa: un proyecto misceláneo que «podría incorporar elementos del proyecto de Fármacos II para reducir el gasto de bolsillo de la población» y la evaluación de «una eventual propuesta de Fármacos III»⁵.

La pieza más concreta es el proyecto de receta electrónica (boletín 17.355-11), moción de los senadores Juan Luis Castro, Alfonso De Urresti, Luz Eliana Ebensperger, Iván Flores y Paulina Núñez, ingresada en enero de 2025. La Sala del Senado lo aprobó en general el 22 de abril de 2026 por 22 votos a 0; desde agosto tiene suma urgencia del Ejecutivo y el 23 de septiembre pasó a la Comisión de Hacienda con el segundo informe de Salud⁶.

En agosto, la Comisión de Salud aprobó por unanimidad que las recetas electrónicas identifiquen los medicamentos por su DCI; el profesional puede agregar la marca a modo de información, y cuando existan bioequivalentes certificados se permitirá el intercambio. Los productos con tres o más principios activos podrán recetarse solo por nombre de fantasía, indicando la finalidad terapéutica⁷. Es, casi palabra por palabra, la excepción que había acordado la Comisión Mixta de Fármacos II¹¹. Hoy el artículo 101 vigente hace lo contrario: la receta individualiza el producto por su nombre de fantasía y agrega la DCI «a modo de información»¹¹. El texto aún debe volver a la Sala y pasar a la Cámara⁷.

Venta ilegal de medicamentos y trazabilidad: el otro proyecto con suma urgencia

El segundo proyecto priorizado regula la comercialización de productos farmacéuticos y sanciona su venta ilegal (boletín 15850-11), moción de los senadores Castro, Chahuán, Latorre, Macaya y Órdenes. La Sala lo aprobó en general el 21 de julio de 2026 por 31 votos a 0 y la Comisión de Salud entregó su segundo informe el 20 de octubre de 2026; lleva suma urgencia⁹.

El texto despachado castiga con presidio de 61 días a 3 años y multas de 6 a 20 UTM al profesional habilitado que emita recetas con el solo fin de vender medicamentos ilegalmente; tipifica la receta fraudulenta; prohíbe fabricar, importar, tener o distribuir medicamentos adulterados, falsificados o contaminados; restringe la apertura de farmacias y exige trazabilidad. El establecimiento sancionado puede perder su autorización sanitaria y quedar 3 años inhabilitado¹⁰. Para el médico que prescribe análogos de GLP-1 o péptidos, es un cambio directo: firmar una receta para que alguien revenda deja de ser solo una falta ética.

Bioequivalencia, genéricos y precios: qué dice la evidencia en Chile

En julio de 2026 la Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó que en 8 de 11 medicamentos analizados la versión más cara vende más que la alternativa económica, y que la sertralina original cuesta 31 veces más que su genérico certificado⁸. La literatura chilena apunta en la misma dirección. A enero de 2017, solo 1.026 de 2.336 productos autorizados (43,9 %) con un principio activo que exigía bioequivalencia tenían la certificación, y algunos principios activos no tenían ningún bioequivalente¹⁵. Tras la política de sustitución de 2014 bajaron las ventas de los productos de referencia, pero los bioequivalentes no crecieron en volumen al mismo ritmo, y el precio mediano por dosis diaria definida del referente fue mayor que el de su bioequivalente en todos los casos, en 2011 y en 2016¹⁶.

El efecto en precio no es uniforme: un estudio de diferencias en diferencias con 30 fármacos crónicos halló que la exigencia de bioequivalencia afectó significativamente el precio de algunos medicamentos, pero en distinta dirección según el mercado de cada uno¹⁷. Y el gasto de bolsillo pesa: con datos de 2007, los medicamentos eran el primer ítem del gasto de bolsillo en salud tanto en Fonasa (31,4 %) como en isapres (29,9 %)²⁰, y entre 1997 y 2012 el gasto de bolsillo en salud siguió creciendo aunque mejoró la cobertura de fármacos¹⁹.

Sobre la equivalencia clínica, un metaanálisis de 47 estudios en fármacos cardiovasculares no encontró evidencia de que el producto de marca fuera superior al genérico (tamaño de efecto agregado −0,03; IC 95 %: −0,15 a 0,08)²¹.

Qué cambia para el médico que receta en Chile, incluidos los péptidos

Si la receta electrónica por DCI se aprueba como salió de la Comisión de Salud, el médico seguirá eligiendo el principio activo, pero, cuando existan bioequivalentes certificados, se permitirá el intercambio⁷. La excepción de la Comisión Mixta para «medicamentos no intercambiables» buscaba cubrir a los biológicos, para los que no existen bioequivalentes en sentido estricto¹¹. Ese matiz importa en los péptidos: el Instituto de Salud Pública (ISP) explicó en mayo de 2026 que el Ozempic original es biológico y las semaglutidas presentadas en Chile son de síntesis química, lo que lo obliga a una revisión completa, y que un equipo técnico prepara una guía regulatoria para péptidos sintéticos¹³. En octubre aprobó la primera, Picmagluti, y otras semaglutidas sintéticas en trámite deben seguir la vía ordinaria y no un registro simplificado¹⁴ (ver nuestra nota sobre la primera semaglutida sintética en Chile).